conflicto de intereses porque los que expedían las resoluciones de control y
evaluación eran los mismos controlados. 4
Con la constitución del 2008, los controles de las universidades se
intensificaron, su disposición transitoria vigésima ordenaba que en cinco años a
partir de su promulgación, éstas debían ser evaluadas con sus carreras,
programas y posgrados, las que no aprobaren serían excluidas del sistema. El
CONEA en el 2009 realizó la evaluación indicada y las categorizó en A, B, C, D
y E de acuerdo a su desempeño administrativo, académico, investigativo,
vinculación, infraestructura y tecnología midiendo sus resultados con respecto
a indicadores y parámetros de evaluación para cada área, señalando que 26
universidades ubicadas en la categoría “E” debía ser cerradas legalmente.
En las conclusiones de este Informe, se observa el cuadro 5.12 Desempeño
de las IES respecto al criterio de Gestión, indicando que 10 universidades se
encuentran en la categoría A con un nivel de desempeño promedio mayor a
75%, 19 en la categoría B entre 50% a 74%, 21 en categoría C entre 25% y
49%, y, 18 en categoría D con menos de 24%. De las 68 universidades, solo
las ubicadas en la categoría A sus niveles de control son efectivos, porque son
aceptable con el 75%, por lo tanto tienen un alto nivel de confianza y bajo nivel
riesgo, las demás ubicadas en las categorías B, C y D con niveles inferiores al
74% su confianza es baja y sus riesgos son altos. Estas conclusiones ratifican
las deficiencias del control interno en la ejecución de las actividades de las
direcciones académicas de las universidades ecuatorianas, considerando que
de los indicadores evaluados el 80% correspondieron a asuntos académicos y
solo el 20% a gestión administrativa.5
Esta constitución concibió a la universidad ecuatoriana como un sistema de
interés público sin fines de lucro, dando al Estado la potestad de su control y
regulación, alineadas al plan nacional de desarrollo como la herramienta de
gestión e inversión pública, con estrategias y objetivos para lograr el desarrollo
de la sociedad. En esa dirección, se analizaron los controles internos de las
universidades, en sendos procesos de socialización de un proyecto de ley para
su funcionamiento, con opiniones y sugerencias de universitarios y de la
sociedad civil; norma que se promulgó el 12 de octubre del 2010 en la
Asamblea Nacional (AN), como Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),
con una estructura institucional regida por el principio de autonomía
responsable, basada en libertad para enseñar con responsabilidad, rendición
de cuentas, observancia de la ley en un proceso de calidad y mejora continua.
Con la LOES aparecieron los nuevos organismos de administración y control
de las universidades, que fueron el Consejo de Educación Superior (CES),
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) y la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia Y Tecnología (SENESCYT). El CEAACES, según informe de
evaluación del 2012 sobre las 26 universidades ubicadas en la categoría E por
el CONEA, señaló que luego de un plazo prudencial para mejoras, 14 de éstas
fueron eliminadas definitivamente por no reunieron los requisitos mínimos de
calidad para su funcionamiento. Así como según informe de evaluación del
2013 realizado a todas las universidades, las categorizó en A, B, C y D, de las
8 universidades ubicadas en esta última categoría, el CES intervino 4 para
mejorarlas y fortalecerlas.6, 7 y 8