Julio, 2024
Vol. 8, No. 18, 146-159
https://doi.org/10.53877/rc.8.17.20240701.13
Revista multidisciplinaria
e-ISSN: 2602-8247
www.retosdelacienciaec.com
ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL ABUSO SEXUAL EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ECUADOR: PATRONES,
FACTORES Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES
DOCUMENTARY ANALYSIS OF SEXUAL ABUSE IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ECUADOR: PATTERNS,
FACTORS AND INSTITUTIONAL RESPONSES
Johana Raquel Gonza Quito
1
José Francisco Cachumba Alquinga
2
Recibido: 2024-03-20 / Revisado: 2024-04-13 / Aceptado: 2024-05-15 / Publicado: 2024-07-01
RESUMEN
El presente estudio examina el fenómeno del Abuso Sexual Infantil dentro de las instituciones
educativas del Ecuador. A partir de una metodología cualitativa y exploratoria, basada en el
análisis documental de datos del Ministerio de Educación y otras fuentes relevantes, la
muestra incluye estadísticas de casos reportados entre 2014 y 2024, con una revisión
exhaustiva de informes anuales y estudios previos. Se plantea el objetivo de identificar la
frecuencia del Abuso Sexual Infantil, analizar los patrones recurrentes y evaluar las
respuestas gubernamentales más relevantes, para proponer mejoras en las estrategias de
prevención dentro del sistema educativo nacional. Los resultados indican una alta prevalencia
de infractores masculinos y víctimas femeninas, así como un número significativo de
denuncias que involucran a docentes, autoridades, personal administrativo, personal de
limpieza y a otros estudiantes. A pesar de una disminución temporal de casos durante la
pandemia de COVID-19, las cifras han aumentado considerablemente en los últimos años. El
estudio concluye que, a pesar de la existencia de guías y protocolos diseñados para prevenir
el abuso sexual infantil en el ámbito educativo, su implementación ha sido insuficiente y poco
efectiva, lo que se refleja en las alarmantemente tasas de incidencia.
Palabras clave: abuso sexual infantil, políticas educativas, prevalencia y sistema
educativo ecuatoriano.
ABSTRACT
The present study examines the phenomenon of Child Sexual Abuse within educational
institutions in Ecuador. From a qualitative and exploratory methodology, based on
documentary analysis of data from the Ministry of Education and other relevant sources, the
1
Magíster en Psicopedagogía. Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Ecuador. jrgonza@espe.edu.ec /
https://orcid.org/0009-0009-1477-0544
2
Magíster en Didáctica de la Matemática. Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Ecuador.
jfcachumba@espe.edu.ec / https://orcid.org/0009-0004-0761-0247
Forma sugerida de citar: Gonza-Quito. J. R., y Cachumba-Alquinga. J. F. (2024). Análisis documental del abuso
sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: patrones, factores y respuestas institucionales. Revista Científica
Retos de la Ciencia. 8(18). 146-159. https://doi.org/10.53877/rc.8.17.20240701.13
Johana Raquel Gonza Quito / José Francisco Cachumba Alquinga
Fundación Internacional para la Educación, la Cienicia y la Tecnología “FIECYT”
147
sample includes statistics of cases reported between 2014 and 2024, with an exhaustive
review of annual reports and previous studies. The objective is posed to identify the frequency
of Child Sexual Abuse, analyze recurrent patterns and evaluate the most relevant government
responses, in order to propose improvements in prevention strategies within the national
education system. The results indicate a high prevalence of male offenders and female
victims, as well as a significant number of reports involving teachers, authorities,
administrative staff, cleaning staff and other students. Despite a temporary decrease in cases
during the COVID-19 pandemic, the numbers have increased considerably in recent years.
The study concludes that, despite the existence of guidelines and protocols designed to
prevent child sexual abuse in the educational.
Keywords: child sexual abuse, ecuadorian educational system, educational policies and
prevalence.
INTRODUCCIÓN
El abuso sexual infantil (ASI) es una problemática crítica y multifacética que afecta
profundamente a la sociedad. El ASI ocurre cuando una persona, mediante amenazas,
fuerza, intimidación, coerción, manipulación u otros métodos explota su relación de poder
para forzar a un menor a participar en actividades o prácticas sexuales, ya sea con contacto
físico o sin él; estas acciones pueden incluir provocaciones verbales, tocamientos o
violaciones con penetración anal, vaginal o bucal, acciones que se realizan en un marco de
una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, madurez o poder, entre el agresor
y la víctima, utilizando al menor como objeto sexual (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2021;
UNICEF, 2016). Desde la perspectiva de Arévalo (2023), el ASI es una forma de maltrato que
ha existido históricamente y ha sido desatendida durante siglos; por su parte, Saéz-Martínez
(2015) argumenta que estos abusos constituyen un patrimonio histórico de los horrores de la
humanidad, dado que los niños han sido tratados como objetos por los adultos a lo largo de
la historia.
Asimismo, la Academia Americana de Pediatría (AAP) en su informa sobre el Abuso
sexual de niños menciona que el ASI, implica el contacto físico o visual de naturaleza sexual,
realizado mediante violencia, engaño o seducción, aprovechando la incapacidad del menor
para dar su consentimiento debido a su edad. Autores como Kirbas y Sahin (2024); AAP
(2021) destacan que el ASI es un problema global complejo que afecta a 1 de cada 10 niños,
causando efectos devastadores y duraderos en diversos aspectos de la vida del menor,
incluyendo sus relaciones psicológicas, emocionales, cognitivas, conductuales, físicas,
sexuales e interpersonales. Estos daños pueden repercutir en el desempeño académico,
relaciones familiares, interacciones sociales y puede manifestarse con signos como tristeza,
baja autoestima, depresión, falta de control de ira, conductas autodestructivas e incluso
suicidas; además, las víctimas pueden presentar dificultades en la conexión afectiva,
vulnerabilidad al consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, enfermedades de transmisión
sexual (ETS) y embarazos no deseados (AAP, 2021; MinEduc, 2017a; Real-López et al.,
2023).
En este contexto, Bermejo et al. (2024) expresa que el ASI es una forma de maltrato que
provoca un notable rechazo social. Las víctimas del ASI, a menudo guardan silencio debido
al miedo, culpa, impotencia, desvalorización y vergüenza, experimentando un trauma
particular. En otras palabras, se sienten cómplices, impotentes, humilladas y estigmatizadas,
lo que ocasiona un trauma psicológico que se agrava con el tiempo a medida que aumenta
la conciencia de lo ocurrido (UNICEF, 2016).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ASI en el ámbito educativo afecta
a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Los perpetradores pueden ser adultos,
compañeros de clase o figuras de autoridad que, mediante amenazas o chantajes, cometen
actos de abuso. La ocurrencia de estos hechos está influenciada por factores como las
características personales de las víctimas y los perpetradores, la edad, el género y la historia
previa de abuso (MinEduc, 2022). Como consecuencia, el ASI impacta negativamente en la
Análisis documental del abuso sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: Patrones, factores y respuestas
institucionales
Revista Científica Retos de la Ciencia. 8(18). 146-159.
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salud emocional, la integridad física, el rendimiento académico y el desarrollo socioemocional
de los estudiantes, sin distinción de edad o género (Fascioli, 2024; OMS, 2002; 2022).
El ASI, dentro del sistema educativo ecuatoriano, es una problemática compleja que
exige una respuesta integral y coordinada para prevenir y abordar las consecuencias
psicosociales que afectan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes (MinEduc, 2017a). En
este sentido, la Constitución de la República subraya la responsabilidad compartida del
Estado, la sociedad y la familia en priorizar el desarrollo integral de los menores, garantizando
el ejercicio pleno de sus derechos y protegiendo su bienestar en todos los entornos familiares,
escolares, sociales y comunitarios (Asamblea Constituyente, 2008). Alineado con estos
principios, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (MinEduc, 2017b)
establece que las instituciones educativas deben ser espacios de interacción, ejercicio de
derechos y convivencia pacífica, donde se fomenten relaciones sanas y se erradique todo
tipo de abuso.
En contraposición a lo mencionado, los antecedentes de los casos de ASI en las
instituciones educativas, reflejan que estas garantías no se están cumpliendo. Casos como
el presentado en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA) en 2017, y
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020 por el caso
Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, han representado puntos de inflexión que revelaron
graves deficiencias en la protección de los derechos de los estudiantes (CIDH; 2020;
Defensoría del Pueblo, 2023). Estos incidentes revelaron la inadecuada aplicación de
protocolos para la detección y denuncia de abusos, resaltando la urgente necesidad de
implementar medidas correctivas. A raíz de estos eventos, el Ministerio de Educación, junto
con otras entidades gubernamentales implementan protocolos de actuación y rutas
específicas para abordar los casos de ASI, además de campañas de sensibilización y
programas de capacitación dirigidos al personal educativo (MinEduc, 2022).
A pesar de estos esfuerzos, los datos indican que los casos de ASI en el sistema
educativo continúan siendo alarmantes. Entre 2014 y 2019, se registraron 3 609 casos,
mientras que, de 2020 a mayo de 2024, se reportaron 2 681 casos en un periodo más corto,
exactamente en un periodo de cuatro años y medio. Aunque las cifras reflejan una aparente
reducción en números absolutos, la comparación por años muestra que la incidencia sigue
siendo alta. Esto sugiere que los programas y políticas implementados hasta la fecha no han
logrado disminuir la prevalencia de estos incidentes, lo que evidencia una persistencia de los
problemas estructurales subyacentes (Defensoría del Pueblo, 2023).
En Ecuador, la preocupación por el ASI ha impulsado un aumento significativo en la
inversión de recursos públicos en el sector educativo. Según datos del Ministerio de
Economía y Finanzas, el presupuesto asignado al Ministerio de Educación se incrementó de
1 752 millones de dólares en 2008 a 3 602 millones de dólares en 2019. Sin embargo, y a
pesar de estas inversiones, el problema persiste y se agrava. El informe técnico Nro.
DNEDBV-2023-297-IT reveló que, entre enero del 2018 y junio de 2023, se registraron 19
829 casos de ASI, de los cuales solo 547 (2.76%) fueron denunciados, dejando un 97.24%
(19 282 casos) sin reportar. La preocupación aumenta al observar que, según un informe del
Ministerio de Educación de abril del presente año, el número de casos registrados a través
del sistema educativo nacional creció a 23 787, y en mayo del 2024, la cifra ascendió a 24
603 casos (MinEduc, 2024a; 2024b), estableciendo un crecimiento de 816 casos en un mes.
Además de la inversión pública, la prevención y manejo del ASI es responsabilidad de
las instituciones educativas, asumiendo un papel proactivo que se alinee con las políticas
nacionales y locales que aseguran la protección y el bienestar de todos los estudiantes
(Asamblea Constituyente, 2008; LOEI, 2011; MinEduc, 2022). Bajo este margen y a pesar de
los esfuerzos por crear ambientes seguros y pacíficos, la realidad frecuentemente no refleja
este ideal, dado que las instituciones aún enfrentan altas cifras de casos de ASI, lo que socava
la confianza en el sistema educativo (CIDH,2020; MinEduc, 2018, 2022, 2024). Evidencia de
ello, desde enero del 2014 hasta mayo del 2024, el Ministerio de Educación ha receptado
6290 casos de violencia sexual cometidos por personas dentro del sistema educativo
Johana Raquel Gonza Quito / José Francisco Cachumba Alquinga
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149
nacional, del total de denuncias presentadas, 3079 están relacionadas con docentes y
autoridades, 244 con personal administrativo y de limpieza, y 2967 con compañeros de aula
o estudiantes del establecimiento (MinEduc, 2024). La prevalencia de estos casos (6290)
subraya la urgente necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia
y sanción en las escuelas y colegios.
Como política pública de Estado, la inversión en educación en Ecuador está enmarcada
en un contexto constitucional que prioriza la asignación de recursos para este sector
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). Según el artículo 26 de la Constitución, la
educación es considerada una prioridad de la inversión estatal que garantice la igualdad y la
inclusión social, (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). En esta línea, se establece que
los egresos destinados a la educación deben ser prioritarios y, excepcionalmente, pueden
financiarse con ingresos no permanentes. A pesar de la importancia constitucional y la
prioridad asignada a la educación, el análisis del presupuesto general del Estado revela una
inversión que no siempre alcanza las metas establecidas (Asamblea Nacional Constituyente,
2008).
En este contexto, las cifras proyectadas para el año 2024 muestran que el monto
destinado a educación inicial, básica y bachillerato es inferior a esta cifra, situándose en
aproximadamente 4 642 millones de dólares, del total de este monto, se destinan 191 512 mil
dólares a la 021 - Prevención y abordaje de riesgos psicosociales en el entorno educativo.
Esta inversión es limitada en contraste a los montos asignados a otras esferas en las que
interviene el Ministerio de Educación, como la 009 - Reestructuración integral de la
infraestructura educativa (54,084,661.94), 010 - Culminación y construcción de la
infraestructura educativa (7,732,368,36), 019 - Formar para transformar (5,117,307.69) y 020
- Reducción de la brecha digital en el sistema nacional de educación (8,862,741.67).
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2024).
En correspondencia con lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo
identificar los patrones, factores y respuestas institucionales al abuso sexual en instituciones
educativas del Ecuador. Para lograr esto se plantean cuatro objetivos específicos. Primero,
se buscará identificar los patrones recurrentes de abuso sexual en las instituciones educativas
a través del análisis documental, con el fin de comprender mejor su naturaleza y frecuencia.
En segundo lugar, se analizarán los factores que inciden en los patrones identificados y
finalmente, se evaluarán las respuestas organizaciones frente a los casos de ASI, explorando
la eficacia y adecuación de las medidas adoptadas. Este análisis integral permitirá desarrollar
una comprensión profunda del fenómeno y contribuir al diseño de políticas y prácticas más
efectivas para su prevención y tratamiento.
METODOLOGÍA
La presente investigación es de enfoque cualitativo, basada en el análisis documental como
método. Según autores como Creswell (2013) y Hernández et al. (2018), este enfoque es
fundamental para comprender datos, y de esta manera identificar patrones, factores y
respuestas institucionales en casos de ASI en el sistema educativo. La investigación de tipo
exploratoria, es especialmente útil en contextos donde el conocimiento existente es limitado
y permite la identificación de patrones, la formulación de hipótesis y el establecimiento de
bases conceptuales para investigaciones más detalladas y robustas proporcionando una
base sólida para futuras investigaciones y desarrollos teóricos (Stebbins, 2001; Hernández
et. al., 2018; Albert-Gómez, 2007).
Por su parte, el análisis documental fue esencial para recopilar y examinar información
relevante procedente de diversas fuentes. En el presente caso, se revisaron documentos que
trataban temas como la prevalencia, características y medidas de prevención del ASI en el
sistema educativo, lo que permitirá una comprensión profunda y matizada del fenómeno
(Martínez y Piedad, 2006; Albert-Gómez, 2007; Bowen, 2009).
Análisis documental del abuso sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: Patrones, factores y respuestas
institucionales
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Para la selección de los documentos analizados se tomaron los siguientes criterios:
Inclusión
Exclusión
Reportes del Ministerio de Educación
sobre casos de abuso sexual en las
Instituciones educativas. Reportes
publicados en los últimos diez años
(desde 2014 hasta 2024).
Reportes del Ministerio de Educación
publicados fuera del rango definido.
Informes de organismos
gubernamentales internacionales sobre el
abuso sexual en el sistema educativo.
Informes de organismos gubernamentales que
no estén directamente relacionados con el
abuso sexual en el sistema educativo.
Entrevistas a víctimas de abuso sexual
dentro del sistema educativo nacional.
Entrevistas a víctimas que han sufrido abuso
sexual fuera del sistema educativo nacional.
Sentencias al estado ecuatoriano por los
casos de abuso sexual detectados en el
sistema educativo nacional.
Documentos legales, sentencias o fallos o que
no involucren al Estado ecuatoriano como parte
responsable.
Reportes que estén disponibles en
formato de texto completo y que estén
publicados en sitios oficiales.
Reportes que no estén disponibles en formato
de texto completo o que estén publicados en
sitios no oficiales o de dudosa procedencia.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del estudio, con el propósito de responder a los
objetivos establecidos. Estos resultados están enfocados en identificar la incidencia del
Abuso Sexual Infantil dentro del contexto educativo, así como en detectar patrones
significativos y respuestas gubernamentales ante estos casos. El análisis de estos hallazgos
permitirá proponer mejoras en las estrategias de prevención orientadas a minimizar los
riesgos y fortalecer la protección de los menores en entornos educativos.
Patrones identificados
El análisis de los datos sobre abuso sexual infantil (ASI) en el sistema educativo revela varios
patrones significativos que ofrecen una visión integral de la problemática. En primer lugar, se
observa una alta incidencia de denuncias de abuso sexual, con una marcada falta de
especificación del género del infractor en la mayoría de los casos. Este patrón destaca la
necesidad de mejorar la precisión en la recopilación de datos para una intervención más
efectiva.
Además, los datos reflejan fluctuaciones en el número de denuncias a lo largo del tiempo,
con aumentos y disminuciones significativas que parecen correlacionarse con factores
externos como la pandemia de COVID-19. Esto sugiere que las circunstancias externas
pueden influir en la capacidad de denuncia y en la incidencia de abuso, subrayando la
importancia de ajustar las estrategias de prevención y respuesta en función de estos
contextos.
Por último, los patrones de distribución de víctimas según el sexo y el nivel educativo
muestran una prevalencia notable de víctimas femeninas, especialmente en niveles
educativos superiores y medios. Además, se identifica una problemática persistente con los
embarazos adolescentes en etapas finales de la educación secundaria. Estos hallazgos
destacan la necesidad de enfoques dirigidos y programas de prevención específicos para
abordar eficazmente el abuso sexual y los embarazos en el entorno educativo.
Johana Raquel Gonza Quito / José Francisco Cachumba Alquinga
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151
Tabla 1
Por tipo de infractor
Tipo de infractor
Se desconoce
Hombre
Mujer
Denuncias relacionadas con docentes y
autoridades
3.019
59
1
a. Autoridad de la IE
98
4
0
b. Docente
2.921
55
1
Denuncias relacionadas con personal
administrativo y de limpieza
240
4
1
c. Personal administrativo de la IE
91
2
0
d. Conserjes/Personal de limpieza
149
2
1
Denuncias relacionadas con estudiantes
2.841
118
0
e. Compañero de aula
1.604
75
0
f. Estudiantes del establecimiento
1.237
43
0
TOTAL
6100
181
2
Nota. La Tabla muestra las cifras de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes en Ecuador.
Fuente: Ministerio de Educación (2024)
La Tabla 1 revela que una gran mayoría de las denuncias de abuso sexual en el ámbito
educativo no específico el género del infractor, registrándose un total de 6 100 casos en los
que esta información permanece indeterminada. En los casos donde se ha identificado el
género, 181 denuncias implican a hombres como perpetradores y 2 denuncias señalan a
mujeres. De los casos con género desconocido, 3 019 involucran a docentes y autoridades,
240 al personal administrativo y de limpieza y 2 841 a otros estudiantes. Estos hallazgos
indican una prevalencia significativa de abusos perpetrados por hombres cuando se conoce
el género del infractor, y subrayan la importancia de mejorar la precisión en la recopilación de
datos para abordar de manera más efectiva la problemática del abuso sexual en el sistema
educativo.
Figura 2
Por n° de denuncias por año
Nota. La Figura muestra el número de denuncias por año. Fuente: Ministerio de Educación (2024)
83
163
308
917
1.390
748
251
113
807
1.253
257
0200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Año de denuncia en el sistema educativo
Análisis documental del abuso sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: Patrones, factores y respuestas
institucionales
Revista Científica Retos de la Ciencia. 8(18). 146-159.
152
Los datos presentados en la Figura 2, muestran un análisis de denuncias del ASI dentro del
sistema educativo, categorizadas por año. Se observa un aumento significativo en el número
de casos desde 2014 hasta un pico en 2018, donde se registraron 1.390 denuncias.
Posteriormente, hay una disminución notable en 2019 y 2020, seguida de otro aumento en
2022 y 2023. La disminución en 2019 y 2020 podría haber sido influenciada por la pandemia
de COVID-19, que redujo la presencialidad en las instituciones educativas, limitando tanto las
oportunidades de abuso como la capacidad de denuncia y el repunte en 2022 y 2023 puede
estar relacionado con el retorno a la actividad escolar presencial, así como la falta de
seguimiento, evaluación de medidas de prevención y respuesta al ASI en el entorno
educativo. En lo que va del año 2024, se han presentado un total de 257 casos hasta el mes
de mayo, reflejando aún, la incidencia de este tipo de abusos dentro del sistema educativo.
Figura 3
Por sexo de la víctima
Nota. La Figura muestra la cantidad de víctimas de acuerdo con el sexo. Fuente: Ministerio de
Educación (2024)
El análisis de los datos presentados en la Figura 3 revela una marcada disparidad según el
sexo de las víctimas. De los 7 125 casos reportados, el 85% de las víctimas son mujeres, lo
que equivale a 6087 casos. En contraste, los hombres representan el 15% de las víctimas,
con 1 038 casos. Esta diferencia significativa en la distribución por sexo sugiere que las
mujeres son desproporcionadamente afectadas por el abuso sexual en el contexto educativo,
lo que subraya la necesidad de enfoques específicos y efectivos para abordar y prevenir el
abuso sexual en las instituciones educativas, especialmente dirigido a las niñas y mujeres
jóvenes.
Figura 4
Por nivel educativo de la víctima
Nota. La Figura muestra el número de denuncias por año. Fuente: Ministerio de Educación (2024)
Los datos presentados en la Figura 4, muestran que el nivel educativo de la básica superior
presenta el mayor número de víctimas dentro y fuera del sistema educativo, con 9 964 casos.
1.038
6.087
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Hombre
Mujer
Sexo de la víctima
170
238
749
548
584
323
414
583
2.683
4.913
9.380
5.091
2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
a. Inicial
b. Preparatoria
c. Básica elemental
d. Básica media
e. Básica Superior
f. Bachillerato
Nivel educativo de la víctima
Hombre Mujer
Johana Raquel Gonza Quito / José Francisco Cachumba Alquinga
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153
De estos casos, 584 son hombres y 9380 son mujeres, indicando una prevalencia
significativamente mayor de víctimas femeninas en este nivel. El subnivel medio también
muestra una alta incidencia de abuso con 5 461 casos totales, distribuidos entre 548 hombres
y 4 913 mujeres. En contraste, los subniveles de inicial y preparatoria, presentan números
significativamente menores, con 584 y 821 casos respectivamente. Esta distribución sugiere
que los niveles educativos superiores y medios son particularmente vulnerables,
especialmente para las mujeres, lo que resalta la necesidad urgente de intervenciones
focalizadas y programas de prevención que aborden específicamente estos niveles
educativos.
Figura 5
Por n° de embarazo s
Nota. La Figura muestra el número de embarazos por subnivel. Fuente:
Ministerio de Educación (2024)
La Figura 5 presenta la distribución de casos de embarazo que han sido reportados, en cuanto
a la básica superior es el grupo de mayor cantidad de casos de embarazo, con 621 víctimas
(64,15%). Por su parte, la educación básica media indica que hay una incidencia considerable
de embarazos en víctimas en el subnivel, siendo 163 que equivale el 16,84%. Sobre los casos
de embarazo en estudiantes de bachillerato, son también significativos, con un total de 211
casos siendo el 21,81%. Estos datos ponen de manifiesto una problemática persistente en
las etapas finales de la educación secundaria, sugiriendo la necesidad de intervenciones
específicas y programas de prevención dirigidos a estas etapas educativas para abordar y
mitigar el riesgo de embarazos adolescentes.
Factores que inciden en los patrones identificados
A continuación, se presentan los factores clave que han sido identificados tras el análisis de
las entrevistas realizadas a diversas víctimas de abuso sexual, complementando con una
revisión profunda de fuentes documentales y registros institucionales. Estos factores no solo
revelan las causas subyacentes de la persistencia el abuso sexual en el ámbito educativo,
sino que también destacan las áreas críticas que requieren intervención urgente para
erradicar este problema sistémico.
211
621
163
0 100 200 300 400 500 600 700
Bachillerato
Básica Superior
Básica Media
Casos de embarazos reportados
Análisis documental del abuso sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: Patrones, factores y respuestas
institucionales
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154
Tabla 2
Factores identificados
Factores
identificados
Situación actual
Selección y
supervisión del
personal
La incidencia de abusos está estrechamente vinculada al personal de las
instituciones educativas, incluyendo docentes, autoridades, personal
administrativo, de mantenimiento y conserjería.
Programas de
educación
sexual integral
Los programas de educación sexual son inadecuados y carecen de
interés por parte de la comunidad educativa. Existe una supervisión
deficiente de la aplicación y socialización.
Respuesta
institucional y de
autoridades
educativas
La respuesta institucional y de las autoridades ha sido inadecuada. La
falta de acción efectiva ante señales de alerta y la evasión de la
supervisión gubernamental permiten la ocultación de casos y la
implementación inadecuada de políticas de prevención.
Procesos
judiciales
Los procesos judiciales en Ecuador presentan graves obstáculos, como
la falta de garantías para proteger el interés superior de las víctimas, la
culpabilización de las víctimas y amenazas a sobrevivientes, familiares
y abogados. Esto perpetúa el ciclo de violencia y desamparo que se vive
en el sistema educativo.
Departamentos
de consejería
La escasez de departamentos de consejería estudiantil capacitados y el
incumplimiento sistemático de los protocolos ministeriales contribuyen a
una cultura de impunidad.
Respuesta organizacional
La respuesta institucional del Ministerio de Educación ecuatoriano ante los abusos sexuales
en el sistema educativo ha sido diversa y compleja, reflejada en la implementación de una
serie de programas a lo largo de la última década. Desde los “Protocolos y rutas de actuación
frente a hechos de violencia y/o violencia sexual” en 2014 hasta iniciativas más recientes
como “Comunidades educativas seguras y protectoras” en 2024, cada programa ha tenido
como objetivo abordar distintos aspectos de la problemática del abuso sexual en el entorno
escolar. Estos esfuerzos se han centrado en establecer directrices claras para la intervención
en casos de abuso, proporcionar herramientas educativas para la prevención y promover
entornos seguros para la comunidad educativa. No obstante, a pesar de la diversidad de
enfoques, las estadísticas indican que los resultados no han sido suficientemente efectivos
para reducir la incidencia de estos casos, lo que pone en evidencia las dificultades en la
implementación y el seguimiento de estas políticas.
A lo largo de los años, la implementación de programas como “Prevención de violencia
sexual en las familias”, en 2016, la “Guía básica para prevenir y actuar frente a la violencia
sexual en el sistema educativo” en 2017 y la “Estrategia nacional de Educación integral en
sexualidad” en 2023, ha evidenciado un compromiso institucional por abordar el problema
desde diferentes frentes. Estos programas han buscado no solo prevenir el abuso sexual,
sino también fortalecer la educación en sexualidad y la seguridad dentro de las escuelas. Sin
embargo, el análisis documental realizado revela que, a pesar de las buenas intenciones, la
efectividad de estas iniciativas ha sido limitada por la falta de una implementación uniforme y
por la insuficiente capacitación de los actores clave dentro de las instituciones educativas.
Adicional a ello, la falta de recursos y el escaso seguimiento en la ejecución de estos
programas han dificultado la creación de un entorno realmente protector para los estudiantes.
El análisis de los programas también destaca la introducción de medidas como las “Rutas
y protocolos” en 2020 y el “Plan Nacional Escuelas Seguras” en 2022, que han intentado
establecer roles y responsabilidades claras dentro de la comunidad educativa para enfrentar
casos de violencia y abuso sexual. A pesar de estos esfuerzos, los resultados obtenidos
indican que la revictimización y la falta de protección efectiva siguen siendo problemas
persistentes. La revisión de estos programas sugiere que, aunque se han desarrollado
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herramientas valiosas, la falta de difusión efectiva y la implementación desigual han limitado
su impacto en la práctica diaria de las instituciones educativas. La persistencia de altos
niveles de abuso sexual en las escuelas sugiere la necesidad de un mayor compromiso
institucional, así como mejoras en la capacitación, supervisión y seguimiento para asegurar
que estas políticas tengan el impacto esperado.
La revisión y análisis de los programas oficiales del Ministerio de Educación creados
entre 2014 y 2024 evidencia un esfuerzo considerable por parte del gobierno para enfrentar
el abuso sexual en el sistema educativo. Sin embargo, las cifras actuales reflejan que estos
esfuerzos, aunque bien intencionados, han enfrentado serios desafíos en su implementación
y efectividad. Es esencial que se adopten medidas para realizar un seguimiento riguroso y
que promueva la participación activa de toda la comunidad educativa para disminuir las cifras
actuales que se presentan en el entorno escolar.
DISCUSIÓN
El estudio permite establecer un patrón en relación con el tipo de infractor, es así que el 97,9%
de los supuestos infractores de casos de violencia sexual cometidos o detectados a través
del Sistema Nacional de Educación son hombres, el 1,7% mujeres, y el restante 0,4%
corresponde a individuos cuya identidad de género no se ha especificado (MinEduc, 2024).
Estos datos reflejan una tendencia clara de predominancia masculina en los casos de ASI en
el ámbito educativo, lo cual coincide con patrones observados en investigaciones previas en
diversos contextos Human Rights Report, (2020). Este hallazgo subraya la necesidad de
enfoques de prevención y educación centrada en el género, así como la importancia de
promover entornos educativos seguros y equitativos, así lo establece el Reglamento a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, (MinEduc, 2017b). Respecto a ello, y tal como menciona
Guamán, et al. (2018) es crucial analizar y abordar las posibles razones detrás de esta
disparidad de género en la comisión de estos delitos, incluyendo factores socioculturales,
educativos y psicológicos que puedan influir en el comportamiento de los infractores.
Dentro del estudio, se ha podido evidenciar que el problema de ASI en el sistema
educativo, es un problema que persiste a lo largo de los años (Martínez y Enríquez, (2022).
Ejemplo de ello, es el incremento exponencial generado entre el 2014 al 2018 y generando
una disminución en el 2019 con 748, no obstante, tal incidencia en la cifra se encuentra
relacionada con la pandemia del COVID 19, que confinó a la población ecuatoriana durante
2 años seguidos, como resultado de ese confinamiento, los casos de ASI disminuyeron a 251
en el 2020 y 113 en el 2021. Sin embargo, luego de un parcial retorno, aquellos datos han
vuelto a incrementarse, como fue en el 2022 con 807 y 2023 con una cifra de 1253 (MinEduc,
2024). En este sentido se establece que la disminución en aquellos años de casos ASI han
sido influenciada directamente por la pandemia y no por los programas propuestos por el
estado, como el de Rutas y protocolos del año 2022.
Ahora bien, hasta mayo del 2024 se han reportado 257 casos de ASI, probablemente
una cifra por debajo alarmante del año anterior, pero al compararlo con el informe de casos
de violencia sexual cometidos en el sistema educativo nacional del mes anterior, abril 2024,
que registraba 180 casos refleja que, en un mes, se ha incrementado los casos ASI en 77.
Esto indica que, de seguir con este tipo de crecimiento exponencial, se alcanzaría o inclusive
superaría la cantidad de casos del 2023, reflejando que, el control y dedicación en mermar
estos casos, no está funcionando a pesar de la implementación de nuevos protocolos y
campañas de concienciación (Human Rights, 2020).
Relacionado al género de la persona, dentro del sistema educativo la gran mayoría son
hombres. De los 7.125 casos reportados de abuso sexual dentro del sistema educativo, las
mujeres representan el 85%. Esta diferencia significativa indica que las mujeres son
desproporcionadamente más afectadas por el abuso sexual en el entorno educativo.
Evidencia de ello, los datos reflejan 6087 casos de ASI en mujeres en contra de los 1038 para
los hombres según el subnivel educativo, que se encuentra relacionado con la distribución de
casos de embarazo registrados (995 casos en los subniveles medio, superior y bachillerato),
Análisis documental del abuso sexual en Instituciones Educativas de Ecuador: Patrones, factores y respuestas
institucionales
Revista Científica Retos de la Ciencia. 8(18). 146-159.
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donde la básica superior refleja un 64,15%. Con respecto a ello CIDH (2020); Human Rights
(2020) y Guamán, et al. (2018) sugieren que las políticas de prevención y apoyo deben ser
particularmente sensibles y adecuadas para abordar esta disparidad, garantizando un
entorno educativo seguro y equitativo para todos los estudiantes, independientemente de su
género.
Antes de que salieran a la luz casos simbólicos como AAMPETRA en 2017 y Paola
Guzmán Albarracín y otros vs Ecuador, en 2020, los programas de prevención específicos se
aplicaban de manera deficiente y estaban limitados en su alcance (Defensoría del Pueblo,
2023) presentando únicamente dos programas relacionados al tema: los protocolos y rutas
de actuación frente a hechos de violencia y/o violencia sexual detectados o cometidos en
establecimientos del sistema educativo nacional (2014) y el programa de prevención de
violencia sexual en las familias (2016). A partir de los casos simbólicos ya descritos, estos
programas se han incrementado, ofreciendo nueve programas adicionales hasta 2024. No
obstante, los datos evidenciados muestran que, aunque bien intencionadas, estas medidas
no han logrado los resultados esperados, pues a pesar de la implementación de nuevos
protocolos y campañas de concienciación se han programado y aplicado en la instituciones,
las cifras indican que los casos de ASI continúan presentándose en cantidades preocupantes
(MinEduc, 2024). Desde esta perspectiva, la CIDH, en su sentencia a Ecuador del año 2020,
establece que, para evitar que los hechos vuelvan a suceder, el Ministerio de Educación
debería establecer mecanismos adecuados para garantizar que se conozca y prevenga el
acoso sexual mediante campañas de difusión, protocolos de actuación, adecuación a los
reglamentos pertinentes de conformidad con los parámetros establecidos en esta sentencia.
Para el efecto, el Ministerio debió remitir a la Corte un plan para conocer y prevenir el acoso
sexual en las comunidades educativas en el plazo de seis meses contados a partir de la
expedición de esta sentencia (CIDH, 2020)
Dentro de este contexto, es necesario recalcar que las acciones y programas aplicados
hasta ahora no han sido suficientemente efectivos para prevenir estos delitos y proteger a los
estudiantes, subrayando la necesidad de una reevaluación y fortalecimiento de las estrategias
para asegurar un entorno educativo verdaderamente seguro y libre de violencia.
CONCLUSIONES
La distribución de casos de ASI refleja que el género femenino experimenta un nivel de
afectación significativamente mayor en el contexto educativo, indicando una vulnerabilidad
particular que requiere atención y respuesta específicas. Los datos también sugieren que en
las etapas de educación básica media y superior, la prevalencia de víctimas femeninas es
alta, lo que señala una tendencia persistente en ambos subniveles. Por otro lado, aunque los
subniveles de preparatoria e inicial muestran un menor número de casos, la distribución por
género sigue la misma tendencia general. Esto indica que, aunque la magnitud del problema
varíe según el nivel educativo, la vulnerabilidad de las niñas al abuso sexual es una constante
que debe ser abordada de manera integral y continua a lo largo de todo el ciclo educativo.
El Comité de los Derechos del Niño enfatiza la obligación estricta de los Estados de
implementar medidas apropiadas y efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia,
lo cual incluye la aplicación de sanciones efectivas para quienes cometan estos actos. Está
claro que, la correcta selección, monitoreo y capacitación del personal educativo son
fundamentales para garantizar un entorno seguro. Es imperativo que las instituciones
educativas no solo adopten políticas de cero tolerancias hacia el ASI, sino que también
promuevan una cultura de respeto y seguridad a través de programas educativos y de
concienciación continuos.
Para alcanzar una mejora tangible en la protección de los estudiantes, se requiere de
una reevaluación y fortalecimiento de las estrategias actuales que actúen de forma proactiva
para prevenir la ocurrencia de abusos. Las políticas deben ser holísticas, abordando no sólo
la formación del personal, sino también la participación activa de estudiantes y familias en la
creación de un entorno educativo seguro y libre de violencia considerando una recopilación y
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análisis continuo de datos sobre la incidencia de ASI, esenciales para evaluar la efectividad
de las medidas implementadas y realizar ajustes necesarios que garanticen su éxito a largo
plazo.
La necesidad de una educación pública transformadora y de calidad, es urgente en un
contexto en donde la violencia afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en el país. Tras
este ideal, la implementación de políticas públicas preventivas debería, no solo reactivar la
confianza en el sistema educativo, sino también permitir abordar problemáticas nacionales y
desafíos globales. En este marco, la inversión adecuada en educación se convierte en una
condición indispensable para el desarrollo del país, ya que fomenta una sociedad con
capacidades para enfrentar sus retos y construir un futuro más equitativo y sostenible.
A pesar de existir guías y protocolos detallados para prevenir el ASI en el contexto
educativo, la implementación de estas medidas por parte de las instituciones educativas no
ha sido adecuada. Los datos indican que, a pesar de la disponibilidad de estas herramientas,
las tasas de ASI siguen siendo alarmantemente altas, especialmente entre el género
femenino. Esto sugiere que las políticas y programas actuales no están siendo aplicados de
manera efectiva o integral. Por tanto, es imperativo que las instituciones de educación
fortalezcan sus esfuerzos en la capacitación del personal, la concienciación de estudiantes y
padres de familia, en conjunto con la vigilancia estricta del cumplimiento de estas guías para
asegurar un entorno verdaderamente seguro y protector para todos los estudiantes.
RECOMENDACIONES FINALES
Es importante la revisión exhaustiva y transparente del proceso de contratación del
profesional en educación, el cual consiste en implementar procesos de selección rigurosos
con verificaciones exhaustivas de antecedentes y referencias laborales, así como
evaluaciones psicológicas para detectar posibles riesgos, asegurando la transparencia de los
procesos que prevenga el encubrimiento de cualquier problema potencial.
Promover la implementación de programas de educación sexual integral en todas las
etapas educativas. Esta educación debe abordar temas de consentimiento, relaciones
saludables y prevención de abuso sexual tanto por parte de adultos como entre compañeros.
Desarrollar programas de formación obligatoria sobre la protección infantil, detección de
señales de abuso, y protocolos de denuncia para todos los miembros del personal. Incluir
formación específica sobre ética profesional y la importancia de reportar cualquier conducta
sospechosa sin temor a represalias.
Establecer canales de denuncia mediante la implementación de procedimiento claros y
objetivos para la investigación de denuncias por medios de un sistema anónimo y
confidencial, de ser necesario, integrar a organismos externos para evitar el conflicto de
interés y encubrimiento que permita a estudiantes, padres y empleados reportar incidentes
de abuso o comportamiento inapropiado.
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